Sábado , 15 junio 2019
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Aportes para una provincia y un país más transparentes

Acceso a la Información Pública

Acceso a la Información Pública

El acceso a la información, así como la publicidad de los actos de gobierno son parte constitutiva del sistema republicano de gobierno. La reforma de la Constitución Nacional de 1994, establece en su art. 75 inc. 22, jerarquía constitucional a diversos Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. En tal sentido, operan en nuestro ordenamiento jurídico la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que declara el Derecho de Petición como uno de los derechos esenciales del hombre: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con igual jerarquía constitucional, establecen que, entre las condiciones que deben cumplirse para que las personas puedan gozar de sus derechos civiles y políticos, “deben ser garantizados el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. En la Provincia de Tucumán, carecemos de instrumentos legales vinculados al incumplimiento del principio de publicidad de los actos de gobierno que debe caracterizar a un régimen republicano.

No existe en nuestra provincia, una ley de acceso a la información pública como la que postulan las convenciones internacionales, por lo tanto se vulnera el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado o de sociedades anónimas con participación estatal, del Poder Legislativo y del Judicial. Esta omisión inconstitucional, nos impide conocer, evaluar y controlar los actos de gobierno, obstruyendo o dificultando el control ciudadano que debe aplicarse.

Ley de Ética de la Función Pública

Ley de Ética de la Función Pública

Tucumán tuvo hacia el año 1973 su ley que imponía la obligación de presentar declaraciones juradas de bienes por parte de los funcionarios de gobierno. Sin embargo esta escueta, pero innovativa ley fue de nula aplicación, como hemos visto, por artilugios y chicanas que jamás fueron subsanados. En los últimos años fueron varios los intentos legislativos que propiciaron su creación en la provincia, pero el impedimento de las mayorías parlamentarias obstaculizó su tratamiento. El criterio de esta ley está inspirado en la ley nacional N° 25.188 de 1999. En la misma se permite el libre acceso a las DDJJ de los funcionarios, constituyendo el mejor control para advertir las variaciones patrimoniales de los políticos.

Organismos Anticorrupción

Organismos Anticorrupción

La extinta Fiscalía Anticorrupción adolecía de graves vicios de diseño legal. Desde su configuración por una simple resolución del Ministerio Público, circunstancia que la privaba de un status jurídico robusto, hasta la falta de independencia del propio Ministerio Público Fiscal, así como del poder de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, que la sometían al control derivado de actores judiciales que pueden ser considerados “políticos”, por su origen y forma de designación, y donde la participación del gobernador continúa siendo preponderante. La Fiscalía además adolecía de precariedad financiera, y sus recursos estaban sometidos al criterio del Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema, y el propio gobernador, comprometiendo la necesaria autarquía cuya validez resulta indispensable para establecer sus acciones y programas de mediano y largo plazo, así como la dotación de recursos humanos y tecnológicos. Finalmente su eliminación debe ser vinculada justamente a la debilidad de su solidez jurídica.

A los efectos de subsanar los vicios anteriores de solidez jurídica, así también bajo la premisa de constituir un organismo independiente y autónomo en su funcionamiento, de los poderes del Estado, se ha ideado una Comisión Provincial de Ética Pública y Anticorrupción, que viene a cumplir un doble cometido. Por una parte constituye el órgano de aplicación de la Ley de Ética de la Función Pública, en lo referente a las DDJJ de funcionarios, normativa de obsequios, determinación de conflicto de intereses, etc. y por otra parte asume las funciones que, en otros ordenamientos provinciales, así como en el nacional se le asigna a la Oficina Anticorrupción.

Por nuestra parte hemos superado este perfil institucional, en tanto entendemos que al ser la Oficina Anticorrupción un órgano dependiente del ejecutivo, incurre en sí mismo en una contradicción, y esto se ha visto reflejado en el ámbito nacional, ante numerosos episodios de corrupción que la mentada Oficina no supo resolver. El criterio de creación es el de un organismo independiente, con titulares nombrados por la Legislatura con mayoría calificada, que propician el debate y consenso en el nombramiento, dotándolos de legitimidad, y duran en sus funciones en período contracíclico, con posibilidades de reelección.

Fuero Penal Económico y Anticorrupción

Fuero Penal Económico y Anticorrupción

A los efectos de superar el justificado argumento que dio lugar a la eliminación de la Fiscalía Anticorrupción, es decir la baja cantidad de causas que en ella se tramitaban comparándola con el resto de las fiscalías, tal cual vimos en párrafos anteriores, es que ampliamos el marco de competencia del fuero propio, llevando el alcance del órgano más allá del simple “daño al erario público”, y adherimos a la propuesta de creación del Fuero Penal en lo Económico y Anticorrupción, de manera de especializar este fuero, en todo tipo de delitos típicamente económicos, incorporando los mentados delitos “de alta complejidad”, es decir aquellos que precisan de una elaborada matriz investigativa para su esclarecimiento, en interrelación con organismos especializados a nivel interprovincial, nacional e internacional, así como con organismos rectores en esta materia: AFIP, UIF, POLICÍA FEDERAL, INTERPOL, etc.

Fideicomiso Ciego

Fideicomiso Ciego

El fideicomiso ciego es un mecanismo jurídico mediante el cual se intenta dar solución al conflicto de intereses que se genera cuando un funcionario público que ejerce un cargo de alta autoridad política, administra bienes de la Hacienda Pública, y por otra parte realiza sus operaciones comerciales privadas con el mismo Estado. El mecanismo prevé que las máximas autoridades que se encuentren ante este conflicto de intereses deben transferir la administración de su patrimonio a un tercero, mientras se encuentren en el ejercicio de su cargo. La cesión de la administración de su patrimonio, le quita la opción a saber del manejo posterior de sus bienes por parte de éste.

La materia comenzó a discutirse en Chile en 2005, luego de que el empresario Sebastián Piñera anunciara su candidatura a la Presidencia de la República. El entonces presidente Ricardo Lagos envió un proyecto de ley al Congreso para regular eventuales conflictos de intereses, entre las decisiones de un mandatario público y su patrimonio personal. Si bien este proyecto de Ley no prosperó, hacia 2008 se introdujo en la Constitución chilena el principio de transparencia a través del art. 8, donde quedó formalmente establecida la figura del fideicomiso ciego.

La iniciativa fue audaz e innovativas, porque incluso prevé la posibilidad de la venta forzada de los bienes de la autoridad, la que resulta obligatoria en ciertos casos o alternativa al fideicomiso en otros. El fundamento del mecanismo tiene su razón en el necesario contenido ético que posee la transparencia de los actos de gobierno, pilar fundamental del sistema republicano de organización provincial. 1.5.1. Antecedentes comparados En Estados Unidos y el Reino Unido, se establece mediante una norma, que los funcionarios deben declarar por escrito todos sus bienes, patrimonio e intereses. Estas declaraciones son analizadas por una entidad independiente, que fiscaliza el cumplimiento de las normas sobre conflicto de intereses, toma registro de sus declaraciones juradas, y analiza las declaraciones patrimoniales e intereses de los funcionarios, sus parientes, socios comerciales, o personas vinculadas. Cuando se advierte la existencia de un conflicto de interés económico privado y el interés de la Hacienda Pública, en el ejercicio de sus funciones, el mismo toma medidas para enajenar sus bienes e intereses o transferirlos a una persona jurídica de administración independiente y autónoma.

La legislación norteamericana prevé 2 mecanismos. En primer lugar la autorrestricción (disqualification), mediante la cual se otorga al funcionario a denunciar su conflicto de interés de manera voluntaria, y la transparencia (disclosure), consistente en una declaración pública y detallada de la fuente, tipo y monto de sus ingresos, bienes, intereses, acciones, bonos, y todos los recursos económicos y financieros que estén a su alcance. En Inglaterra los miembros del gobierno están obligados a realizar declaración detallada de bienes e intereses en oportunidad de asumir sus funciones. Cada ministro, informa de forma personal al Secretario Permanente de ministerio respectivo, bienes, intereses y activos que pudieran dar lugar a un posible conflicto de intereses, así como familiares, asociados y fiduciarios, vínculos con organizaciones externas y empleadores anteriores. Canadá implementa un sistema de fideicomiso ciego, donde el fideicomisario independiente realiza la administración de su patrimonio, y al igual que en el sistema chileno, la autoridad cedente no tiene conocimiento de las acciones adoptadas, relacionadas con la administración de sus bienes, empresas o inversiones.

En América Latina, sólo en Chile se implementó la figura del “Mandato Especial de Administración Ciega del Patrimonio”, en el marco de la reforma constitucional impulsada por el propio presidente Piñera en el marco de institutos jurídicos que garanticen la transparencia y la calidad de la política. Se han incorporado además un conjunto de incompatibilidades para el cargo de ministro de Estado, donde se establece que quien ejerza la función, deberá renunciar a cualquier cargo, empleo, función, o comisión incompatible con el cargo que se dispone asumir. Asimismo están inhibidos de celebrar contratos con el Estado, actuar como abogados, procuradores o mandatarios en cualquier tipo de juicios o gestiones particulares de carácter administrativo, ser directores de bancos o sociedades anónimas. Estas prohibiciones legales alcanzan a los parlamentarios, a quienes además se les prohíbe actuar en cuestiones laborales “en representación del empleador o de los trabajadores”, sean del sector público o privado, bajo pena de ser cesados en sus cargos.

En Argentina, se ha debatido la incorporación de la figura a través de al menos 3 proyectos de ley que proponen prevenir conflicto de intereses en la función pública: El proyecto presentado por el diputado Martín Sabbatella en coautoría con diputados de su bloque; y el proyecto presentado por el diputado Fernando Sánchez en 2009, y el el proyecto presentado en 2013 por Manuel Garrido y Margarita Stolbitzer. Las iniciativas no han prosperado. En la provincia de Tucumán, consideramos pertinente su incorporación normativa. Durante el período 2003-2015, detectamos un alto grado de concentración de actores políticos de un nivel económico extraordinariamente superior al promedio, que constituye un serio riesgo a la ética de la función pública. Episodios definidos ameritan un tratamiento urgente para asegurar la calidad democrática de la provincia, y evitar condiciones de inequidad económica.

Qui Tam

Qui Tam

La necesidad de elaborar respuestas firmes y decididas, sobre todo teniendo en cuenta que, desde la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, mediante Ley 26.097, la República Argentina ha asumido el compromiso de implementar políticas públicas efectivas para contrarrestar la corrupción. Debido a las condiciones de clandestinidad y ocultamiento en que los actos corruptos se realizan, la investigación, detección y juzgamiento de los mismos requieren de la implementación de herramientas potentes e innovativas. Entendemos desde estas premisas que el esclarecimiento de estos delitos, tradicionalmente reservados a la acción pública del Estado, ha resultado insuficiente.

Ante la constatación periodística del incremento de los mismos y la impunidad con que se verifican, así como el aumento de la variedad de los hechos, incluso, conductas aún no tipificadas, resulta oportuno permitir a los ciudadanos, a través de la acción civil Qui Tam, procurar la participación ciudadana en la denuncia de violaciones de normas jurídicas que afectan el orden público. En este sentido una importante bibliografía se ha pronunciado (Petty, 2005-2006; Dakolias, 1995-1996; Buscaglia y Dakolias, 1995; Gordillo, 2013; Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo (ABDA); III° Congreso Bonaerense de Derecho Administrativo; Banco Mundial; Bohems y Lambsdorff, 2009; Cincunegui, 2006; Liberatory, 2004).